En
Canarias un tercio de sus habitantes se encuentra en riesgo de pobreza y apenas
21 familias controlan el 80% del PIB, según Cáritas. Pero la prestación canaria
de inserción social la percibe sólo el 1% de sus posibles beneficiarios. En
cuatro años la Consejería regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha
gastado al menos 2,6 millones de euros en el desarrollo y mantenimiento de
aplicativos informáticos que, en vez de agilizar, obstaculizan la tramitación
de las prestaciones, según han denunciado sus trabajadores.
Canarias está entre las regiones que menos invierten en servicios sociales y promoción social por habitante; 137 euros frente a los 256 de media nacional. El 39% de los niños canarios vive bajo el umbral de la pobreza. Pero el Instituto Canario de la Vivienda ha destinado 4 millones de euros a la implantación informática de un registro de demandantes de viviendas protegidas y 300.000 euros más al “mantenimiento y desarrollo correctivo y evolutivo de sus sistemas de información”; tal vez haya dedicado más fondos a contabilizar minuciosamente a los solicitantes que a solucionar su falta de vivienda.
35.000 canarios están en lista de espera para ser intervenidos. Faltan facultativos en los hospitales. Se cierran centros de salud y plantas hospitalarias. Y el Servicio Canario de Salud regala 500.000 euros cada año en pluses de productividad a cargos directivos por su presunto cumplimiento de ignotos objetivos. Aumentan la jornada laboral de los trabajadores y les reducen salarios. No hay dinero para cubrir bajas, ni jubilaciones. El SCS, entretanto, contrata con empresas privadas un plan estratégico de tecnologías por 285.000 euros, dedica 246.000 euros a un catálogo web, y destina 210.000 euros más al mantenimiento del software de distintos aplicativos informáticos.
El paro suma 300.000 personas en Canarias, siendo la única Comunidad con Extremadura, donde creció el desempleo en mayo. Mientras, el Servicio Canario de Empleo se gasta más de 3,6 millones de euros en “sistemas de información”. La tasa de temporalidad supera el 30% de los contratos. El paro juvenil es del 51%. Y el Gobierno destina 257.000 euros al servicio de traslado y apoyo logístico a las autoridades en sus desplazamientos, 2,5 millones a la implantación de la nómina centralizada, más de 2,5 millones de euros a la oficina de modernización y soporte integral de la unidad web, y 16 millones al servicio telefónico 012.
El 15% de los hogares canarios tiene todos sus miembros desempleados. Los salarios de Canarias son los más bajos del Estado. Y en la misma etapa en la que Ruano, como consejero de Presidencia, disfrutaba de duchas de hidromasaje en su despacho, también gastaba 3,5 millones de euros en imagen corporativa, vehículos y sede de la Academia de Seguridad para la Policía canaria.
El poder adquisitivo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ha caído en tres años un veinte por ciento. En tiempos de bonanza los salarios permanecieron prácticamente congelados. El Gobierno canario pretende aplicar ahora un nuevo recorte retributivo. ¿Alguien cree de verdad que no es posible reducir otras partidas presupuestarias para que los sacrificios no recaigan siempre en los trabajadores, ni se deterioren los servicios públicos?
Canarias está entre las regiones que menos invierten en servicios sociales y promoción social por habitante; 137 euros frente a los 256 de media nacional. El 39% de los niños canarios vive bajo el umbral de la pobreza. Pero el Instituto Canario de la Vivienda ha destinado 4 millones de euros a la implantación informática de un registro de demandantes de viviendas protegidas y 300.000 euros más al “mantenimiento y desarrollo correctivo y evolutivo de sus sistemas de información”; tal vez haya dedicado más fondos a contabilizar minuciosamente a los solicitantes que a solucionar su falta de vivienda.
35.000 canarios están en lista de espera para ser intervenidos. Faltan facultativos en los hospitales. Se cierran centros de salud y plantas hospitalarias. Y el Servicio Canario de Salud regala 500.000 euros cada año en pluses de productividad a cargos directivos por su presunto cumplimiento de ignotos objetivos. Aumentan la jornada laboral de los trabajadores y les reducen salarios. No hay dinero para cubrir bajas, ni jubilaciones. El SCS, entretanto, contrata con empresas privadas un plan estratégico de tecnologías por 285.000 euros, dedica 246.000 euros a un catálogo web, y destina 210.000 euros más al mantenimiento del software de distintos aplicativos informáticos.
El paro suma 300.000 personas en Canarias, siendo la única Comunidad con Extremadura, donde creció el desempleo en mayo. Mientras, el Servicio Canario de Empleo se gasta más de 3,6 millones de euros en “sistemas de información”. La tasa de temporalidad supera el 30% de los contratos. El paro juvenil es del 51%. Y el Gobierno destina 257.000 euros al servicio de traslado y apoyo logístico a las autoridades en sus desplazamientos, 2,5 millones a la implantación de la nómina centralizada, más de 2,5 millones de euros a la oficina de modernización y soporte integral de la unidad web, y 16 millones al servicio telefónico 012.
El 15% de los hogares canarios tiene todos sus miembros desempleados. Los salarios de Canarias son los más bajos del Estado. Y en la misma etapa en la que Ruano, como consejero de Presidencia, disfrutaba de duchas de hidromasaje en su despacho, también gastaba 3,5 millones de euros en imagen corporativa, vehículos y sede de la Academia de Seguridad para la Policía canaria.
El poder adquisitivo de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ha caído en tres años un veinte por ciento. En tiempos de bonanza los salarios permanecieron prácticamente congelados. El Gobierno canario pretende aplicar ahora un nuevo recorte retributivo. ¿Alguien cree de verdad que no es posible reducir otras partidas presupuestarias para que los sacrificios no recaigan siempre en los trabajadores, ni se deterioren los servicios públicos?
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